¿Chupadores de subvenciones?

Foto: Eloy Ariza. Arqueoantro. Fosa 111 de Paterna.

Manifiesto en contra de las declaraciones a Carlos Raigada, edil de Almadén de la Plata

La Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología, ante las declaraciones de Carlos Raigada, ejerciendo como Alcalde de Almadén de la Plata (Sevilla), publicadas el día 27 de agosto por eldiario.es, según las cuales:

“Si algo me ha enseñado la experiencia después de un año de gobierno es que a [los profesionales de la arqueología] estos chupadores de subvenciones que siempre andan a la caza de algún Alcalde despistado, les importa más aliviar sus bolsillos que aliviar el dolor de las familias de los fusilados”

Manifiesta lo siguiente:

  1. La localización, estudio, registro y documentación de las fosas comunes originadas durante la Guerra Civil (1936 – 39) y la posterior posguerra es una obligación establecida en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, a menudo conocida como “Ley de Memoria Histórica”, legislación que, además, cuenta con un desarrollo posterior, a nivel autonómico, en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
  2. Los profesionales de la arqueología que, a menudo, ofrecen sus servicios y su experiencia científica y técnica para la localización y estudio de esas fosas comunes, así como para dar cumplimiento a lo establecido por la legislación vigente, lo hacen sin ánimo de lucro o recurriendo a ayudas o subvenciones que apenas llegan a cubrir los gastos básicos de los profesionales.
  3. (Criminalizar) Descalificar y acusar de “chupadores de subvenciones”, como lo hace Carlos Raigada, a todo un colectivo profesional es inadmisible desde cualquier punto de vista, especialmente si lo que se busca es una justificación política, y más si se tiene en cuenta que se trata de un colectivo que ha apoyado, desde los inicios de las exhumaciones a principios de la pasada década, con trabajo voluntario y, en la mayor parte de las ocasiones, sin obtener ningún rédito económico, a las Asociaciones Memorialistas y familiares en la búsqueda de desaparecidos en las fosas comunes existentes a lo largo y ancho de este país, cosa que no han hecho de la misma manera los poderes públicos, quienes deberían ser los responsables en última instancia, tal y como señala el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en el que se dice textualmente “la fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos”.

Por todo ello, desde la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología consideramos que es obligación de los cargos públicos contribuir, con cuantos medios estén a su alcance, a la reparación de los daños causados por la Guerra Civil y la posguerra posterior, para aliviar la memoria de los ciudadanos que les han elegido y que son descendientes de quienes sufrieron directamente las consecuencias de la Guerra, y no buscar excusas políticas para no cumplir con su obligación como regidores electos, excusas que son especialmente desafortunadas cuando se basan, exclusivamente, en desacreditar al profesional encargado de los trabajos y, en general, a todo el colectivo del que forma parte, el de la arqueología, formado por profesionales cuya misión es recuperar el patrimonio cultural y la memoria histórica de todos los ciudadanos.


Más información en: info@plataformadearqueologia.es

La Plataforma Estatal de profesionales de la Arqueología es un colectivo formado por las Secciones de Arqueología de los Colegios Profesionales de Madrid, Cantabria, Cádiz, Almería, Granada y Jaén, Baleares, Valencia y Castellón, Galicia, asociaciones profesionales como AMTTA o ASPHA y profesionales sin representación colectiva. Representa a unos 1.500 profesionales de la arqueología y disciplinas afines.

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